LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD OVIEDO

La Ley de Segunda Oportunidad es una legislación que ofrece un mecanismo legal para que los individuos endeudados, ya sean personas físicas o autónomos, puedan reestructurar o cancelar sus deudas de manera que les permita comenzar de nuevo con un mínimo de cargas financieras. Esta ley, que entró en vigor en 2015, busca dar una salida a aquellas personas que se encuentran en una situación económica precaria y que no pueden hacer frente a sus deudas.

Bajo la Ley de Segunda Oportunidad, los deudores pueden solicitar un procedimiento judicial que puede llevar a la exoneración total o parcial de sus deudas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y condiciones establecidos por la ley, como la buena fe del deudor o la demostración de insolvencia actual o inminente.

Además, el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad implica un procedimiento judicial que puede ser de exoneración total o de plan de pagos, dependiendo de la situación financiera del deudor. Finalmente, una vez que se completa el procedimiento y se cumplen con todas las obligaciones, se puede obtener la cancelación de las deudas incluidas en el acuerdo.

Este es el proceso por el que funciona la Ley de Segunda Oportunidad:

• Solicitud inicial: el deudor presenta una solicitud ante el juzgado competente solicitando acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad acompañada de una serie de documentos que respalden la situación financiera del deudor, como un inventario de bienes y deudas e ingresos y gastos, entre otros.
• Inicio del procedimiento judicial: El juzgado competente examinará la situación financiera del deudor, se dará traslado a los acreedores y e pasará a la siguiente fase.
• Plan de pagos o liquidación de activos: en caso de que el juzgado considere viable la solicitud, se procederá a la elaboración de un plan de pagos o, en su defecto, a la liquidación de los activos del deudor para satisfacer las deudas, si es que el deudor tuviese patrimonio alguno a su nombre.
• Exoneración de deudas: después de cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en el plan de pagos o liquidación, el juzgado puede otorgar la exoneración total o parcial de las deudas pendientes.

La Ley de Segunda Oportunidad establece que pueden acogerse a sus beneficios las personas físicas y los autónomos que se encuentren en una situación de insolvencia o que prevean encontrarse en ella en el futuro próximo. Estos son los requisitos que se deben cumplir:

• Estar en situación de insolvencia: debe demostrar que es insolvente o que prevé serlo en un futuro próximo. La insolvencia puede manifestarse en la imposibilidad de hacer frente a las deudas exigibles.
• Buena fe: lo que implica que no puede haber incurrido en conductas fraudulentas o dolosas que hayan contribuido a su situación de insolvencia.
• No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico o por falsedad documental en los últimos 10 años.
• Resto de requisitos legales que establece detalladamente el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario seguir el siguiente proceso:

• Asesoramiento legal: un abogado con experiencia en derecho concursal y en esta ley en particular podrá evaluar la situación financiera del deudor y determinar si cumple con los requisitos para acogerse a esta legislación.
• Recopilación de documentación: relevante relacionada con sus finanzas, como información sobre sus deudas, ingresos, gastos, activos y cualquier intento previo de negociación con los acreedores.
• Presentación de la solicitud judicial: si no se llega a un acuerdo extrajudicial de pagos o si el deudor considera que no puede cumplir con las condiciones propuestas por los acreedores, se procede a la presentación de la solicitud judicial ante el juzgado competente, acompañada de toda la documentación pertinente.
• Inicio del procedimiento judicial: el juzgado competente examinará la situación financiera del deudor y decidirá sobre la viabilidad de la solicitud de exoneración de deudas. Esto puede implicar audiencias judiciales y la revisión de la documentación presentada.
• Elaboración del plan de pagos o liquidación de activos: si se considera viable la solicitud, se procederá a la elaboración de un plan de pagos o, en su defecto, a la liquidación de los activos, si los tiene, para satisfacer las deudas.
• Exoneración de deudas: Una vez cumplidos los requisitos y obligaciones, el juzgado puede otorgar la exoneración total o parcial de las deudas pendientes.

Estas son algunas de las deudas más importantes que se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad:

• Deudas no garantizadas: como préstamos personales, tarjetas de crédito, deudas médicas y deudas con proveedores.
• Deudas garantizadas en la vivienda habitual: aunque la Ley de Segunda Oportunidad no permite la cancelación automática de deudas hipotecarias, sí puede proporcionar ciertas protecciones para la vivienda habitual del deudor, como la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria y mantener la vivienda.
• Deudas con Hacienda y la Seguridad Social: puede permitir la cancelación o aplazamiento de deudas tributarias y de Seguridad Social hasta el límite máximo de 10.000,00 €.
• Deudas con proveedores y acreedores comerciales: pueden ser objeto de cancelación o reestructuración bajo la Ley de Segunda Oportunidad.
• Deudas por préstamos personales y créditos al consumo: pueden ser incluidos en el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad.

En la Ley de Segunda Oportunidad, el responsable de pagar las deudas puede variar en función de distintos factores:

• Deudor: sigue siendo responsable de pagar sus deudas en la medida de lo posible según su capacidad financiera. Durante este proceso, el deudor puede estar sujeto a un plan de pagos que requiera la devolución parcial de las deudas y si posee activos que pueden ser liquidados para satisfacer las deudas, es posible que deba proceder con la venta de dichos activos bajo la supervisión del procedimiento. Si no tiene patrimonio que liquidar, el proceso es más ágil.
• Exoneración de deudas: si se cumplen ciertos requisitos y obligaciones, el juez puede otorgar la exoneración total o parcial de las deudas pendientes al deudor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las deudas pueden ser exoneradas y que existen ciertas limitaciones y excepciones.
• Acreedores: pueden estar sujetos a los términos y condiciones del acuerdo extrajudicial de pagos o del plan de pagos establecido durante el procedimiento judicial. Esto puede implicar la aceptación de una quita de la deuda, la reestructuración de los pagos o la cancelación parcial o total de las deudas.

Estas son las principales ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad:

• Cancelación de deudas: lo que da a los deudores la oportunidad de empezar de nuevo con un borrón y cuenta nueva en términos financieros.
• Protección de vivienda habitual: lo que puede ayudar a evitar la pérdida de la vivienda debido a deudas hipotecarias u otras obligaciones financieras; aunque no en todos los casos.
• Reducción de la presión financiera: permitiéndoles recuperar el control de sus finanzas y reducir el estrés asociado con la deuda abrumadora.
• Reinicio de actividades económicas: para los autónomos y microempresas, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de reiniciar sus actividades económicas sin el lastre de las deudas pasadas.
• Proceso judicial supervisado: el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad está supervisado por un juez, lo que da seguridad jurídica y garantías procesales para todas las partes involucradas. Esto puede proporcionar tranquilidad a los deudores al saber que su caso está siendo tratado de manera justa y equitativa.

La Ley de Segunda Oportunidad también tiene desventajas. Estas son algunas de ellas:

• Complejidad del proceso: puede requerir asesoramiento legal especializado. Los trámites judiciales, la presentación de documentación y la negociación con los acreedores pueden ser difíciles de gestionar para aquellos que no tienen experiencia en asuntos legales.
• Gastos asociados: como honorarios de abogados, tasas judiciales y otros gastos relacionados con el proceso. Estos gastos pueden ser una carga extra para los deudores que ya están experimentando dificultades financieras.
• Impacto en el historial crediticio: la cancelación de deudas puede reflejarse en el historial crediticio y afectar la capacidad del deudor para obtener crédito en el futuro.
• Limitaciones en la cancelación de deudas: no todas las deudas pueden ser canceladas mediante la Ley de Segunda Oportunidad, como las derivadas de delitos fiscales, deudas alimenticias y multas impuestas por un tribunal.
• Repercusiones emocionales: como estrés, ansiedad y preocupación por el futuro financiero.
• Posibles implicaciones profesionales: como la posible pérdida de reputación o la dificultad para obtener crédito en el futuro.

La solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad se presenta ante el juzgado Mercantil competente. El procedimiento se inicia mediante la presentación de una solicitud judicial en el juzgado del domicilio del deudor.

En cuanto al proceso de solicitud, generalmente implica seguir ciertos pasos, que debe incluir información detallada sobre la situación financiera del deudor, una lista de sus deudas, ingresos, gastos, activos y cualquier intento previo de negociación con los acreedores.

Eso sí, es fundamental contar con asesoramiento legal especializado para preparar y presentar adecuadamente la solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad para asegurar que se cumplan todos los pasos necesarios y se maximicen las posibilidades de éxito en el proceso.

Aunque la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de exonerar muchas deudas, lo cierto es que hay algunas que no se pueden cancelar:

• Deudas derivadas de delitos: como multas impuestas por un tribunal en relación con delitos penales.
• Deudas alimenticias: como las establecidas en acuerdos de divorcio o sentencias judiciales relacionadas con la manutención de hijos o cónyuges.
• Deudas derivadas de responsabilidad civil: deudas derivadas de daños personales o materiales causados ​​a terceros por negligencia o responsabilidad civil.
• Deudas tributarias: aunque algunas deudas tributarias pueden ser canceladas o aplazadas bajo ciertas condiciones, las deudas derivadas de impuestos sobre la renta, el IVA, el impuesto de sociedades y otras obligaciones tributarias pueden tener restricciones extra para su cancelación total o parcial.

Deudas con garantía personal o real: como hipotecas sobre bienes inmuebles o préstamos respaldados por avales o fianzas, generalmente no pueden ser canceladas mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Para iniciar el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad en España, es necesario recopilar una serie de documentos que respalden la situación financiera y legal del deudor. Estos son los más importantes:

• Documento de identidad: copia del documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o documento de identificación equivalente del deudor.
• Certificado de empadronamiento: un certificado que acredite el lugar de residencia del deudor, emitido por el ayuntamiento correspondiente.
• Declaración de bienes y deudas: una lista detallada de todos los activos y pasivos del deudor, como propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, deudas pendientes, préstamos, tarjetas de crédito, etc.
• Justificantes de ingresos: documentación que demuestre los ingresos del deudor, como nóminas, recibos de autónomos, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, etc.
• Contratos y acuerdos: copias de contratos y acuerdos relevantes, como contratos de préstamos, hipotecas, arrendamientos, contratos laborales, etc.
• Documentación fiscal y contable: información relacionada con la situación fiscal y contable del deudor, como declaraciones de impuestos, balances contables, estados financieros, etc.
• Comprobantes de pagos y deudas: documentación que respalde los pagos realizados y las deudas pendientes, como facturas, recibos, cartas de reclamación, comunicaciones con los acreedores, etc.
• Informe de situación económica y plan de viabilidad: un informe detallado que analice la situación financiera del deudor y proponga un plan de viabilidad para la reestructuración o cancelación de las deudas.

Es altamente recomendable contar con un abogado especializado por la complejidad del procedimiento. Estos son algunos de los motivos:

• Asesoramiento legal experto: puede evaluar la situación financiera del deudor y determinar si cumple con los requisitos para acogerse a este proceso, además de proporcionar orientación sobre el proceso legal y los pasos a seguir.
• Preparación y presentación de la solicitud: puede ayudar al deudor a recopilar y preparar todos los documentos necesarios para presentar una solicitud completa y precisa ante el juzgado competente.
• Negociación con los acreedores: puede actuar como intermediario entre el deudor y los acreedores durante el proceso de negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos. Esto puede ayudar a facilitar las discusiones y llegar a un acuerdo que sea viable y beneficioso para ambas partes.
• Representación legal en el juzgado: puede representar al deudor en todas las audiencias judiciales y procedimientos legales, defendiendo los intereses del deudor ante el juez y la presentación de argumentos legales en su nombre.
• Maximización de los resultados: puede ayudar a maximizar las posibilidades de éxito en el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, asegurándose de que se cumplan todos los requisitos legales y procedimientos adecuadamente.

Como todo lo que tiene que ver con honorarios de profesionales del derecho, lo que cobra un abogado por llevar un procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad depende de la complejidad del proceso y de las posibilidades de llegar a una solución positiva para el cliente.

Por lo general, los abogados especializados cobran entre 3.000 y 5.000 euros por cada procedimiento, aunque si son casos más complejos que incluyan propiedades o hipotecas, la tarifa de algunos abogados puede ascender por encima de los 6.000 euros.