En el año 2015, cuando parecía que por fin España estaba saliendo de la crisis económica que tan fuerte la había golpeado, el legislador quiso que realmente la salida de la misma se produjera de manera efectiva para todo el mundo, y ello dio lugar a la publicación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, que hoy es comúnmente conocida como “Ley de Segunda Oportunidad”.
A través de ella se pretende que todas aquellas personas físicas que arrastren un volumen elevado de deudas, ya sea porque su negocio hubiese fracasado o mismamente se deban a su mala fortuna, se liberen de ellas. Obtendrían, así, una segunda oportunidad para volver a empezar y volver a poder participar plenamente en la sociedad y en el mercado.
Requisitos
Este procedimiento va dirigido al deudor de buena fe, y, a su vez, debe cumplir una serie de requisitos:
- El concurso no ha de ser declarado culpable. Es decir, el deudor insolvente no debe encontrarse en esta circunstancia habiendo mediado dolo o culpa grave.
- No puede haber sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los últimos 10 años.
- No haber mentido sobre su situación de insolvencia u ocultado documentación con especial trascendencia en el procedimiento.
- Haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.
- Haber satisfecho los créditos contra la masa o los créditos privilegiados o, al menos, haberlo intentado.
- No haber obtenido el beneficio de la exoneración de otras deudas por la vía judicial en los 10 años inmediatamente anteriores.
- No puede haber rechazado una oferta de trabajo acorde a su capacidad profesional durante los últimos 4 años.
- Debe aceptar ser incluido en el Registro Público Concursal
Una vez se hubieren cumplido todos los requisitos que acabamos de mencionar y, tras haber solicitado y concedido judicialmente el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, (es decir, liberarse de aquellas deudas a las que no pudiera hacer frente) el deudor quedaría por fin exento del pago de todas sus deudas.
Esto le permitiría recuperar la autonomía necesaria para volver a participar de nuevo en la economía del país.
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