ABOGADOS LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD EN NAVARRA

La Ley de Segunda Oportunidad es un marco legal que permite a personas físicas y autónomos en Navarra y Pamplona reestructurar o cancelar sus deudas, facilitando un nuevo comienzo sin una carga financiera excesiva. Implementada en 2015, esta legislación está orientada a quienes enfrentan dificultades económicas y no pueden asumir sus obligaciones.

A través de este mecanismo, los deudores en Navarra pueden iniciar un proceso judicial que puede resultar en la cancelación total o parcial de sus deudas, cumpliendo con requisitos como actuar de buena fe y demostrar insolvencia.

El procedimiento incluye la posibilidad de un plan de pagos o la exoneración total de las deudas, según la situación financiera de cada caso. Una vez finalizado y cumplidas todas las condiciones, se puede obtener la cancelación definitiva de las deudas pactadas.

Este es el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad para deudores en Navarra y Pamplona:

• Solicitud inicial: El deudor en Navarra o Pamplona presenta una solicitud ante el juzgado competente, junto con documentación que respalde su situación financiera, como inventario de bienes, deudas, ingresos y gastos.

• Inicio del procedimiento judicial: El juzgado analiza la situación financiera del deudor, comunica el proceso a los acreedores y avanza a la siguiente fase.

• Plan de pagos o liquidación de activos: Si el juzgado acepta la solicitud, se establece un plan de pagos o se liquida el patrimonio del deudor para saldar las deudas, si existiera.

• Exoneración de deudas: Tras cumplir con las obligaciones del plan de pagos o liquidación, el juzgado puede conceder la exoneración total o parcial de las deudas a los deudores de Navarra y Pamplona.

La Ley de Segunda Oportunidad permite a personas físicas y autónomos en Navarra y Pamplona acogerse a sus beneficios si cumplen con ciertos requisitos:

• Estar en situación de insolvencia: Deben demostrar insolvencia actual o inminente, evidenciada en la imposibilidad de asumir las deudas exigibles.

• Buena fe: No haber incurrido en actos fraudulentos o dolosos que contribuyan a la situación de insolvencia.

• No tener condenas previas: No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico o falsedad documental en los últimos 10 años.

• Cumplir con los requisitos legales: Establecidos en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aplicables también en Navarra y Pamplona.

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario seguir el siguiente proceso:

• Asesoramiento legal: un abogado con experiencia en derecho concursal y en esta ley en particular podrá evaluar la situación financiera del deudor y determinar si cumple con los requisitos para acogerse a esta legislación.
• Recopilación de documentación: relevante relacionada con sus finanzas, como información sobre sus deudas, ingresos, gastos, activos y cualquier intento previo de negociación con los acreedores.
• Presentación de la solicitud judicial: si no se llega a un acuerdo extrajudicial de pagos o si el deudor considera que no puede cumplir con las condiciones propuestas por los acreedores, se procede a la presentación de la solicitud judicial ante el juzgado competente, acompañada de toda la documentación pertinente.
• Inicio del procedimiento judicial: el juzgado competente examinará la situación financiera del deudor y decidirá sobre la viabilidad de la solicitud de exoneración de deudas. Esto puede implicar audiencias judiciales y la revisión de la documentación presentada.
• Elaboración del plan de pagos o liquidación de activos: si se considera viable la solicitud, se procederá a la elaboración de un plan de pagos o, en su defecto, a la liquidación de los activos, si los tiene, para satisfacer las deudas.
• Exoneración de deudas: Una vez cumplidos los requisitos y obligaciones, el juzgado puede otorgar la exoneración total o parcial de las deudas pendientes.

Al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en Navarra y Pamplona, es posible cancelar diversas deudas, entre las que destacan:

• Deudas no garantizadas: Préstamos personales, tarjetas de crédito, deudas médicas y obligaciones con proveedores.

• Deudas hipotecarias de la vivienda habitual: Aunque no se cancelan automáticamente, se pueden reestructurar para proteger la vivienda habitual del deudor.

• Deudas con Hacienda y Seguridad Social: Posible cancelación o aplazamiento de hasta 10.000 € en deudas tributarias y de Seguridad Social.

• Deudas con proveedores y acreedores comerciales: Susceptibles de cancelación o reestructuración mediante este mecanismo legal.

• Préstamos personales y créditos al consumo: Pueden incluirse en el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, aplicable también en Navarra y Pamplona.

En la Ley de Segunda Oportunidad, el responsable de pagar las deudas puede variar en función de distintos factores:

• Deudor: sigue siendo responsable de pagar sus deudas en la medida de lo posible según su capacidad financiera. Durante este proceso, el deudor puede estar sujeto a un plan de pagos que requiera la devolución parcial de las deudas y si posee activos que pueden ser liquidados para satisfacer las deudas, es posible que deba proceder con la venta de dichos activos bajo la supervisión del procedimiento. Si no tiene patrimonio que liquidar, el proceso es más ágil.
• Exoneración de deudas: si se cumplen ciertos requisitos y obligaciones, el juez puede otorgar la exoneración total o parcial de las deudas pendientes al deudor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las deudas pueden ser exoneradas y que existen ciertas limitaciones y excepciones.
• Acreedores: pueden estar sujetos a los términos y condiciones del acuerdo extrajudicial de pagos o del plan de pagos establecido durante el procedimiento judicial. Esto puede implicar la aceptación de una quita de la deuda, la reestructuración de los pagos o la cancelación parcial o total de las deudas.

Estas son las principales ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad:

• Cancelación de deudas: lo que da a los deudores la oportunidad de empezar de nuevo con un borrón y cuenta nueva en términos financieros.
• Protección de vivienda habitual: lo que puede ayudar a evitar la pérdida de la vivienda debido a deudas hipotecarias u otras obligaciones financieras; aunque no en todos los casos.
• Reducción de la presión financiera: permitiéndoles recuperar el control de sus finanzas y reducir el estrés asociado con la deuda abrumadora.
• Reinicio de actividades económicas: para los autónomos y microempresas, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de reiniciar sus actividades económicas sin el lastre de las deudas pasadas.
• Proceso judicial supervisado: el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad está supervisado por un juez, lo que da seguridad jurídica y garantías procesales para todas las partes involucradas. Esto puede proporcionar tranquilidad a los deudores al saber que su caso está siendo tratado de manera justa y equitativa.

La Ley de Segunda Oportunidad también tiene desventajas. Estas son algunas de ellas:

• Complejidad del proceso: puede requerir asesoramiento legal especializado. Los trámites judiciales, la presentación de documentación y la negociación con los acreedores pueden ser difíciles de gestionar para aquellos que no tienen experiencia en asuntos legales.
• Gastos asociados: como honorarios de abogados, tasas judiciales y otros gastos relacionados con el proceso. Estos gastos pueden ser una carga extra para los deudores que ya están experimentando dificultades financieras.
• Impacto en el historial crediticio: la cancelación de deudas puede reflejarse en el historial crediticio y afectar la capacidad del deudor para obtener crédito en el futuro.
• Limitaciones en la cancelación de deudas: no todas las deudas pueden ser canceladas mediante la Ley de Segunda Oportunidad, como las derivadas de delitos fiscales, deudas alimenticias y multas impuestas por un tribunal.
• Repercusiones emocionales: como estrés, ansiedad y preocupación por el futuro financiero.
• Posibles implicaciones profesionales: como la posible pérdida de reputación o la dificultad para obtener crédito en el futuro.

La solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad se presenta ante el juzgado Mercantil competente. El procedimiento se inicia mediante la presentación de una solicitud judicial en el juzgado del domicilio del deudor.

En cuanto al proceso de solicitud, generalmente implica seguir ciertos pasos, que debe incluir información detallada sobre la situación financiera del deudor, una lista de sus deudas, ingresos, gastos, activos y cualquier intento previo de negociación con los acreedores.

Eso sí, es fundamental contar con asesoramiento legal especializado para preparar y presentar adecuadamente la solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad para asegurar que se cumplan todos los pasos necesarios y se maximicen las posibilidades de éxito en el proceso.

Aunque la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de exonerar muchas deudas, lo cierto es que hay algunas que no se pueden cancelar:

• Deudas derivadas de delitos: como multas impuestas por un tribunal en relación con delitos penales.
• Deudas alimenticias: como las establecidas en acuerdos de divorcio o sentencias judiciales relacionadas con la manutención de hijos o cónyuges.
• Deudas derivadas de responsabilidad civil: deudas derivadas de daños personales o materiales causados ​​a terceros por negligencia o responsabilidad civil.
• Deudas tributarias: aunque algunas deudas tributarias pueden ser canceladas o aplazadas bajo ciertas condiciones, las deudas derivadas de impuestos sobre la renta, el IVA, el impuesto de sociedades y otras obligaciones tributarias pueden tener restricciones extra para su cancelación total o parcial.

Deudas con garantía personal o real: como hipotecas sobre bienes inmuebles o préstamos respaldados por avales o fianzas, generalmente no pueden ser canceladas mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Para iniciar el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad en España, es necesario recopilar una serie de documentos que respalden la situación financiera y legal del deudor. Estos son los más importantes:

• Documento de identidad: copia del documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o documento de identificación equivalente del deudor.
• Certificado de empadronamiento: un certificado que acredite el lugar de residencia del deudor, emitido por el ayuntamiento correspondiente.
• Declaración de bienes y deudas: una lista detallada de todos los activos y pasivos del deudor, como propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, deudas pendientes, préstamos, tarjetas de crédito, etc.
• Justificantes de ingresos: documentación que demuestre los ingresos del deudor, como nóminas, recibos de autónomos, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, etc.
• Contratos y acuerdos: copias de contratos y acuerdos relevantes, como contratos de préstamos, hipotecas, arrendamientos, contratos laborales, etc.
• Documentación fiscal y contable: información relacionada con la situación fiscal y contable del deudor, como declaraciones de impuestos, balances contables, estados financieros, etc.
• Comprobantes de pagos y deudas: documentación que respalde los pagos realizados y las deudas pendientes, como facturas, recibos, cartas de reclamación, comunicaciones con los acreedores, etc.
• Informe de situación económica y plan de viabilidad: un informe detallado que analice la situación financiera del deudor y proponga un plan de viabilidad para la reestructuración o cancelación de las deudas.

Es altamente recomendable contar con un abogado especializado por la complejidad del procedimiento. Estos son algunos de los motivos:

• Asesoramiento legal experto: puede evaluar la situación financiera del deudor y determinar si cumple con los requisitos para acogerse a este proceso, además de proporcionar orientación sobre el proceso legal y los pasos a seguir.
• Preparación y presentación de la solicitud: puede ayudar al deudor a recopilar y preparar todos los documentos necesarios para presentar una solicitud completa y precisa ante el juzgado competente.
• Negociación con los acreedores: puede actuar como intermediario entre el deudor y los acreedores durante el proceso de negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos. Esto puede ayudar a facilitar las discusiones y llegar a un acuerdo que sea viable y beneficioso para ambas partes.
• Representación legal en el juzgado: puede representar al deudor en todas las audiencias judiciales y procedimientos legales, defendiendo los intereses del deudor ante el juez y la presentación de argumentos legales en su nombre.
• Maximización de los resultados: puede ayudar a maximizar las posibilidades de éxito en el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, asegurándose de que se cumplan todos los requisitos legales y procedimientos adecuadamente.

Como todo lo que tiene que ver con honorarios de profesionales del derecho, lo que cobra un abogado por llevar un procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad depende de la complejidad del proceso y de las posibilidades de llegar a una solución positiva para el cliente.

Por lo general, los abogados especializados cobran entre 3.000 y 5.000 euros por cada procedimiento, aunque si son casos más complejos que incluyan propiedades o hipotecas, la tarifa de algunos abogados puede ascender por encima de los 6.000 euros.