¿Quién paga las deudas en la Ley de Segunda Oportunidad?

Cuando alguien se plantea acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, surge pregunta que coge peso en medio de un debate que se ha ido alejando con el paso del tiempo. No es otra que: si mis deudas desaparecen, ¿qué le ocurre a quien me las debe cobrar? ¿El banco pierde ese dinero? ¿Un proveedor se queda sin cobrar? ¿Un familiar que me avaló tiene que responder por mí?

Son preguntas legítimas y, en muchos casos, son las que más frenan a las personas antes de dar el paso. Es por lo que a través de este artículo vamos a tratar de diseccionar la figura del acreedor, ya que no se suele hablar de que le sucede a este agente cuando la ley entra en juego.

Quién paga las deudas en un procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad

Para entender qué le ocurre al acreedor, primero hay que entender cómo fluye el dinero dentro del procedimiento. No es una cancelación instantánea ni arbitraria. Hay un proceso que hay que considerar.

Cuando una persona busca someterse a la Ley de Segunda Oportunidad, se inicia un procedimiento concursal que requiere de expertos en derecho concursal cuyo objetivo inicial es, precisamente, tratar de pagar a los acreedores en la medida de lo posible:

• Primero responde el patrimonio del deudor: Todos los bienes que no estén legalmente protegidos (los inembargables o los necesarios para una subsistencia digna quedan fuera) se liquidan para obtener liquidez.
• Ese dinero se reparte entre los acreedores siguiendo un orden de preferencia establecido por la ley: Por un lado, los créditos con privilegio especial, después los ordinarios, y por último los subordinados.
• Cuando el patrimonio se agota y aún quedan deudas sin cubrir, el juez puede conceder la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que es el mecanismo que permite cancelar las deudas restantes de forma definitiva.
• Las deudas exoneradas dejan de ser exigibles. No las asume nadie. No las paga el Estado. No las transfiere a ningún fondo público. Simplemente, se extinguen legalmente.

El acreedor, por tanto, puede cobrar una parte si hay patrimonio disponible, o no cobrar nada si no lo hay. Lo que no puede hacer, una vez concedida la EPI, es seguir reclamando esas deudas al deudor principal. Pero ahí no termina la historia.

Qué le ocurre al banco o entidad financiera cuando sus deudas quedan exoneradas

Este es el caso más frecuente, porque la mayoría de las deudas que se cancelan a través de la Ley de Segunda Oportunidad son de origen bancario: préstamos personales, tarjetas de crédito, líneas de financiación. Es aquí donde nace un axioma que es importante entender.

Los bancos y las grandes entidades financieras no operan como un acreedor particular que espera cobrar deuda a deuda. Su modelo de negocio lleva décadas asumiendo que un porcentaje de sus préstamos no se recuperará. Para eso tienen varios mecanismos:

• Provisiones por morosidad: Las entidades financieras están obligadas por el Banco de España a constituir provisiones cuando una deuda entra en mora. Es decir, se contabiliza la pérdida antes de que se produzca.
• Seguros de crédito e impago: Muchas operaciones, especialmente en el ámbito empresarial, están cubiertas por pólizas que compensan al acreedor si el deudor no puede pagar.
• Venta de carteras de deuda: Cuando una deuda se considera incobrable, los bancos suelen venderla a fondos de inversión, los llamados fondos buitre,  por una fracción de su valor. El banco recupera algo, y el fondo asume el riesgo de cobro.

Esto no significa que al banco le dé igual no cobrar. Significa que su impacto real es muy distinto al de un proveedor pequeño o un particular. Cuando un juez exonera una deuda bancaria, la entidad financiera no entra en pérdidas inesperadas: esa posibilidad ya estaba gestionada dentro de su modelo de riesgo.

Si tienes deudas con tarjetas de crédito o productos financieros con condiciones abusivas, en Oportuna Legal también podemos analizar si existe una vía de reclamación en tarjetas revolving antes o de forma paralela al procedimiento de Segunda Oportunidad.

Cómo afecta a un proveedor o acreedor particular cuando no cobra

Aquí el impacto es diferente, y conviene ser honestos. Un proveedor pequeño, un autónomo que prestó un servicio, o un particular que dejó dinero a alguien de confianza no tienen provisiones ni seguros. Para ellos, una deuda exonerada puede suponer una pérdida real y significativa.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico no ignora esta realidad. El procedimiento está diseñado para que los acreedores cobren en la medida en que el patrimonio del deudor lo permita. Si hay bienes disponibles, los acreedores participan en el reparto. La exoneración sólo actúa sobre lo que queda sin cubrir después de haber agotado todas las posibilidades de pago.

Además, estos acreedores conservan algunos derechos incluso después de la EPI:

• Si existen avalistas o fiadores pueden dirigir su reclamación íntegra contra ellos, ya que la exoneración del deudor principal no les afecta.
• Si la deuda no es exonerable, como pueden ser pensiones alimenticias, responsabilidad civil por delito, multas penales y que pueden seguir reclamándose sin limitación temporal.
• Si se revoca la EPI en los tres años siguientes a su concesión, recuperan el derecho a reclamar las deudas exoneradas.

La realidad es que un acreedor particular en un procedimiento de Segunda Oportunidad se enfrenta a una situación difícil. Pero también es la realidad de prestar dinero o conceder crédito a alguien que, finalmente, ha demostrado ante un juez que es absolutamente insolvente. El sistema no puede exigir a una persona que pague lo que genuinamente no puede pagar.